La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Alcaldía de Ibagué, a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, tomar las acciones correspondientes contra los acueductos comunitarios de la zona urbana y rural de la ciudad que incumplen la normativa en materia de agua potable y manejo de las aguas residuales.
A través de 13 comunicaciones, el órgano de control demandó acciones para que en estos casos se cumpla la norma de vertimientos y se adelanten las gestiones para construir y poner en funcionamiento las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, se implementen los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Psmv, y se pague la Tasa Retributiva por Vertimientos, TRV.
En ese sentido, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué le requirió al alcalde, Andrés Hurtado, al Ibal y Cortolima informar de manera detallada sobre el cumplimiento del pago de la TRV, como indicar qué acciones han adelantado frente a los omisos.
Especificar el monto que se ha transferido desde 2019 a estos acueductos comunitarios de Ibagué, tanto de la zona urbana como en la rural, por concepto de subsidios al servicio de alcantarillado.
Por otra parte, le fue requerido a Cortolima información en cuanto a la vigencia de los Psmv, el vertimiento de aguas servidas a las redes del Ibal por parte de los acueductos comunitarios, mediante conexiones irregulares, y las actuaciones sancionatorias o judiciales en contra de estos por la contaminación generada por las aguas residuales de sus usuarios, entre otros aspectos.
Por caso, está la problemática del acueducto del corregimiento de San Bernardo, territorio considerado zona turística, donde varios ciudadanos frente a malestares estomacales, están a la espera de que una Acción Popular falle a favor de la comunidad para que el agua que le suministran sea tratada.
Pues, la Secretaría de Salud en julio 2021 realizó un análisis fisicoquímico y microbiológico del agua, con un muestra de 100 ml de un restaurante de la zona, dejando en evidencia que el líquido que la comunidad utiliza como potable tiene Coliformes Totales y Escherichia Coli.
Dos elementos bacterianos que el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 2115 de 2007 catalogan de alto riesgo para el consumo humano.
Igualmente Henry Cortés, uno de los denunciantes del mal estado del agua indicó, “desde hace más de cinco años a la bocatoma no se le realiza mantenimiento alguno”.
En el momento que esta redacción tuvo conocimiento de la situación se comunicó con la Secretaría de Desarrollo Rural, con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo y con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, pero la respuesta recibida fue que no era de su competencia el manejo de ese tipo de acueducto.
En el boletín de vigilancia emitido en abril por el Instituto Nacional de Salud, el Tolima registra una gran deficiencia en temas de potabilización del recurso. Según cálculos del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, Irca, en el área urbana la medición asciende al 66,92% ( riesgo alto) y 86,56% (inviable sanitariamente) en el área rural.
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