Los 150.000 residentes de Jackson, Mississippi, siguen sin acceso a agua potable esta semana después del colapso del sistema hídrico y la red de alcantarillado por las graves inundaciones a fines del mes pasado.
Si bien se rehabilitaron los servicios de agua para los hogares y negocios de toda la capital estatal, la ciudad sigue bajo un aviso de hervir el agua emitido desde julio. Los reportes indican que el agua sigue hedionda y es intomable. El martes, los residentes volvieron a hacer largas filas en los centros de distribución de toda la ciudad, donde recibieron agua embotellada para cocinar e higiene básica. El gobernador republicano Tate Reeves desplegó aproximadamente 600 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad para supervisar la distribución.
Cuando hay decenas de miles de personas en el país más rico del mundo dependiendo de agua embotellada y reuniendo agua de pozos con baldes, Jackson se ubica sobre y obtiene su agua de la reserva Ross Barnett, la mayor fuente de agua potable del estado.
La crisis en curso en Jackson es parte de una serie de desastres en EE.UU. que incluye cortes intencionados del suministro eléctrico en California, apagones recurrentes en el área metropolitana de Detroit y el envenenamiento del agua en Flint. En la medida en que el cambio climático alimenta eventos meteorológicos extremos y pandemias, es necesario tener una planificación sistemática para afrontar el peligro. No obstante, este desafío se topa con la indiferencia de los Gobiernos capitalistas.
El Gobierno de Biden ha derrochado decenas de miles de millones de dólares en la guerra contra Rusia en Ucrania en cuestión de meses. Se han gastado billones en las guerras y el gasto militar en solo las últimas dos décadas. Y siempre que Wall Street tiene problemas, como el derrumbe financiero de 2008 y el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, el Gobierno ha intervenido para echar una mano con billones de rescates corporativos y salvaguardar las crecientes fortunas de los más ricos.
El desastre en Jackson es producto de años de fracasos sistémicos dado que la infraestructura hídrica para uso público de la ciudad fue el blanco de saqueadores corporativos y fue objeto de negligencia criminal por parte de las autoridades locales, estatales y federales.
Un alcalde saliente firmó un acuerdo de $90 millones con el conglomerado global Siemens en 2012 para mejorar la infraestructura hídrica y de alcantarillados de la ciudad e implementar un sistema automatizado de cobros. El nuevo sistema de medidores y cobros no envió los recibos de agua a los residentes, dejando $43 millones de recibos sin pagar y arrojando el fondo de agua de la ciudad en una crisis. Una conciliación legal en 2020 permitió que la ciudad recuperara los 90 millones de dólares de la empresa, pero a este unto el anticuado sistema hídrico ya se había deteriorado más.
En 2016, se anunció el hallazgo de niveles altos de plomo en el agua. El estado sigue recomendando que los niños menores de cinco y las mujeres embarazadas no beban el agua del grifo sin filtrar. El plomo en el agua es especialmente dañino para los niños, ya que puede causar serios problemas de desarrollo.
En 2017, se firmó un acuerdo de diez años y 109 millones de dólares con otro gigante empresarial, Veolia, para operar y gestionar las tres plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad. Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, la empresa vertió cuatro mil millones de galones de agua en el río Pearl, violando la Ley de Agua Limpia y un decreto de consentimiento que la ciudad había firmado con el Gobierno federal en 2012.
En febrero de 2021, una fuerte tormenta de invierno alimentada por el cambio climático trajo temperaturas inusualmente frías al sur profundo, congelando las líneas de agua y provocando la ruptura de las tuberías principales, dejando sin servicio de agua a toda la ciudad y los suburbios circundantes. Los graves daños causados por la tormenta dejaron a la ciudad predispuesta para la catástrofe actual.
Mientras que el alcalde demócrata Chokwe Antar Lumumba estima que costaría aproximadamente 1.000 millones de dólares arreglar el sistema de agua de la ciudad, la Administración de Biden solo asignó unos 500 millones de dólares en los próximos cinco años para problemas de infraestructura de agua en todo el estado en la legislación reciente. La ayuda federal no servirá de mucho para resolver los problemas de Jackson, ni tampoco en todo el estado, el más pobre del país. Una evaluación de la Agencia de Protección Ambiental en 2015 encontró que el estado necesitaba 4.800 millones de dólares en 20 años para garantizar la seguridad del agua potable, con gran parte de la infraestructura alcanzando o muy por encima de su vida útil diseñada.
En estas condiciones, en las que la dramática falta de financiación a todos los niveles ha provocado este desastre, el medio capitalista Wall Street Journal y el gobernador Reeves, con el signo del dólar en los ojos, han propuesto la privatización total del sistema público de aguas como solución al problema, completando la operación de saqueo que comenzó hace una década.
Una declaración publicada por el consejo editorial del Journal el lunes achacaba la crisis del agua al “fracaso del Gobierno local” y presentaba una propuesta para poner a la ciudad bajo administración judicial estatal. Hizo la comparación con Flint y Detroit, ambas ciudades en Míchigan, donde los gestores de emergencias estuvieron involucrados en esquemas lucrativos relacionados con los sistemas de agua de esas ciudades. En el caso de Flint, propiciaron la desastrosa crisis del plomo en el agua. Siguiendo el ejemplo del Journal, Reeves dijo ese mismo día en una rueda de prensa que “la privatización está sobre la mesa”.
A nivel local, los demócratas tienen su parte de la responsabilidad, al haber supervisado la desindustrialización y el empobrecimiento sistemático de zonas urbanas predominantemente afroamericanas como Jackson durante las últimas cuatro décadas. La elección de alcaldes y concejales negros no ha servido para evitar el dramático descenso del nivel de vida de la clase trabajadora.
La crisis social general se ve agravada por el impacto del cambio climático, que está generando fenómenos meteorológicos cada vez más graves en todo el mundo. Las históricas inundaciones en Pakistán ya han causado miles de muertos y más de 100.000 desplazados. China está sufriendo una enorme ola de calor. Varios estudios recientes realizados por científicos han advertido que, incluso si se toman medidas inmediatas, el cambio climático elevará el nivel del mar en casi 30 centímetros, mientras que el aumento de las temperaturas devastará la vida de millones de personas en Oriente Próximo y África.
El capitalismo no tiene solución para ninguno de estos problemas. La subordinación de toda la vida social y económica al lucro privado y la división de la economía mundial entre Estados nación capitalistas rivales bloquean una respuesta racional a tales crisis como la de Jackson, Mississippi, al tiempo que impiden la planificación global coordinada necesaria para abordar sus causas subyacentes.
La única solución pasa por la expropiación de los oligarcas corporativos y de los grandes bancos para disponer de los billones de dólares que deben destinarse a la reconstrucción y desarrollo de las infraestructuras del país y la lucha contra el cambio climático con medidas de emergencia coordinadas a escala mundial. Esto solo será posible mediante la reorganización socialista de la sociedad por parte de la clase trabajadora para satisfacer las necesidades humanas y no el lucro privado.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de septiembre de 2022.)