Según información difundida por periodistas oficialistas y opositores, a Gabriel Carrizo, el último de los detenidos en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, lo patrocinan Gastón Marano, Brenda Salva y Fernando Sicilia. Vinculados a referentes del PRO y a los servicios de inteligencia, todos suelen trabajar a cambio de costosos honorarios.

La causa judicial por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que se tramita en el Juzgado Federal 5 de Comodoro Py a cargo de la jueza María Capuchetti, sigue dando “sorpresas”.

Al menos hasta el momento no se hallaron vínculos reales entre la llamada “banda de los copitos” y organizaciones políticas, policiales, militares o sociales a las que adjudicarles la autoría intelectual del atentado. Sin embargo, algunos elementos que salen a la luz permiten hacer muchas preguntas que, de querer llegar a la verdad, el Poder Judicial debería esclarecer sin ambigüedades.

Si bien durante estas semanas el grupo ultraderechista Revolución Federal (en cuyas agresivas marchas participó Brenda Uliarte) estuvo en el centro de la escena, en las últimas horas tanto desde medios oficialistas como opositores se puso el foco en Gabriel Carrizo, el “jefe” del grupo cuyo rubro laboral, al menos públicamente, se basaba en la producción y venta de copos de azúcar.

A partir de diversos mensajes hallados en su teléfono, de sus palabras en redes sociales y de su relación diaria con Uliarte y Fernando Sabag Montiel (quien gatilló su arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta), al joven de 27 años no sólo se lo sindica como el dueño de la “garrafa” productora de las golosinas sino como el eventual “cerebro” del grupo. Y ahora se presta especial atención en quiénes asumieron su defensa penal.

La jueza Capuchetti ordenó detener a Carrizo el 14 de septiembre, luego de que evaluara distintas pruebas en su contra. Él había declarado como testigo el lunes 5, junto a otros miembros del grupo. A pedido de la magistrada y del fiscal Carlos Rívolo, había entregado su teléfono celular y su clave de desbloqueo. Hasta ahí, su conducta parecía más “colaborativa” con el expediente que cómplice con Sabag Montiel.

Carrizo buscó por todos los medios despegarse del pistolero. De hecho el viernes 2 (un día después del atentado y tres antes de aquella testimonial) encabezó una entrevista grupal con el noticiero de Telefe . Allí se presentó como Nicolás (su segundo nombre) y lo acompañaban Brenda Uliarte (que en ese momento se hacía llamar Ámbar y aún no pesaba sobre ella una orden de captura), Miguel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo.

En esa entrevista (y en otra posterior con Telenoche), Carrizo negó ser cómplice “de lo que pasó” y denunció que el grupo estaba recibiendo “amenazas”. “Cuando salgamos a la calle nos puede pasar algo. Nos están diciendo que somos un grupo terrorista, pero yo me dedico a hacer algodón de azúcar y ahora nos quitan la posibilidad de trabajar”, afirmó con gesto adusto. También dijeron que se enteraron del intento de asesinato “por la televisión” y que “jamás” pensaron que Sabag Montiel “pudiera hacer algo así”. A la luz de los descubrimientos posteriores, todo era un montaje.

Al analizar el teléfono de Carrizo, salieron a la luz frases y definiciones suyas, temerarias y sin filtro, que lo ubican cuanto menos como cómplice de Sabag Montiel y Uliarte. La misma noche del atentado, a las 23:57, puso en su estado de Whastapp “¡seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado!” y “el Gobierno es vulnerable, y espero que les quede claro... Nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación Argentina”. Se refería a su amigo detenido esa noche en la esquina de Juncal y Uruguay del barrio de Recoleta.

Algunos mensajes posteriores en sus redes sociales abonan la idea de un estado de complicidad y confabulación directa. “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional. Estuvo muy cerca, no lo entiendo, andaba bien”, decía sobre Sabag. “Cristina tiene miedo, salió mal, pero tiene miedo”, agregaba. “Esto estaba planificado para dentro de una semana, hizo todo mal, es un pelotudo”, acusaba. “Estamos decidimos a matarla a la puta esa”, avisaba. También decía que le había dado a Brenda Uliarte una pistola calibre 22 y que tenía miedo de ser “identificado” e implicado en el caso.

Gran parte de esos mensajes fueron filtrados desde Comodoro Py y difundidos en las últimas horas por medios de comunicación nacionales, de líneas editoriales diversas y hasta opuestas. Se destacan entre esas difusiones la columna dominical de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna y la editorial de Carlos Pagni en La Nación + del lunes a la noche. Los comentaristas coinciden en poner el foco en Carrizo. Pero no sólo por sus mensajes.

Tanto Verbitsky como Pagni agregan una información que bien podría pasar desapercibida, pero que por ser analizada por igual desde miradas político-ideológicas diversas merece cuanto menos una mención destacada. Se trata de la aparición en escena de Gastón Marano, Brenda Salva y Fernando Sicilia, un trío de abogados que asumieron la defensa de Carrizo.

La voz cantante del grupo de defensores la tiene Marano, con larga experiencia mediática a raíz de su intervención en causas resonantes que, en la mayoría de los casos, son contenido predilecto de programas de chimentos y escándalos de la farándula.

Según dijo el propio abogado ante un móvil de C5N, se constituyó como defensor de Carrizo “a pedido de la familia. Originalmente no me contactaron a mí sino a otro colega, quien entendió que no estaba en condiciones de llevar adelante una causa que, mayormente, va a ser llevada pro bono (esto es que, salvo el mínimo legal, no va a ser cobrado). En mi caso en particular encontré un enorme interés en muchas de las cuestiones que se están discutiendo aquí, una causa que tiene aristas muy interesantes para cualquier abogado que se precie”, sentenció.

Sobre su cliente, Marano dijo que “no es un asesino” y que sólo “era (sic) un laburante que daba trabajo y en ese marco no se ha rodeado de las personas mas idóneas”. A su vez afirmó que no hay “pruebas” que incriminen a Carrizo en un plan magnicida y cuestionó la forma en la que lo detuvieron el miércoles 14, cuando fue a buscar su celular a Comodoro Py y le informaron que a partir de ese momento quedaba privado de su libertad.

La histriónica aparición de Marano en conferencias de prensa en la puerta de Tribunales y en entrevistas televisivas obligó a varios analistas a mencionar quién es el abogado y con quiénes se asocia, tanto laboral como políticamente. La información coincide en medios como Página|12, La Nación, El Cohete a la Luna y otros.

Una de las cosas más curiosas e intrigantes es que, hasta el viernes pasado, Marano era nada menos que “asesor” del senador nacional por Chubut del PRO Ignacio Torres, miembro de la “estratégica” Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso. Es decir, un abogado con acceso privilegiado a información más que sensible. Presionado por sus jefes macristas ante tanta exposición pública, el propio Torres le ordenó a Marano que deje el puesto de asesor si iba a seguir defendiendo a Carrizo. Y Marano lo hizo.

Además el abogado tiene estrechos vínculos con la Embajada yanqui, tanto que se hizo imprimir tarjetas personales que lo presentan como “Special Consular Services Assistant” (Asistente de Servicios Consulares Especiales). En su página web profesional se detalla que “durante varios años se desempeñó como supervisor de la Oficina de Ciudadanía en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires”.

Por si fuera poco, según informó Página|12, Marano habría trabajado con el legislador porteño Ramiro Marra, uno de los espadachines de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei plagado de defensores del genocidio y de cuanto ataque a derechos humanos y sociales se cruza por sus narices. Y es muy “activo en las redes sociales con comentarios contrarios al kirchnerismo, la vicepresidenta e incluso hay posteos donde expresaba su oposición a que se le entregue la visa al excanciller Héctor Timerman cuando necesitaba viajar para recibir un tratamiento médico”.

Marano defiende a Carrizo junto a su socia Brenda Salva, expanelista de televisión, comunicadora y asesora de la diputada nacional por San Luis del PRO Karina Bachey. En línea con las políticas clasistas y criminalizadoras de la pobreza y la protesta social de ese espacio, hace un mes Salva y Marano denunciaron penalmente a la Corriente Clasista y Combativa por “coacción” sobre beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Fue en el marco de una verdadera “campaña” nacional de estigmatización de los movimientos sociales de parte de referentes políticos (incluyendo la propia CFK) y mediáticos.

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Tanto Verbitsky como Pagni mencionan también como defensor de Gabriel Carrizo al abogado Fernando Sicilia, otro abogado íntimamente ligado al PRO, a los servicios de inteligencia y a barrabravas de fútbol. Entre las causas que más lo expusieron públicamente, Sicilia defiende desde hace algunos años a Leandro Araque y Facundo Melo, miembros del llamado grupo Súper Mario Bros que, cumpliendo órdenes de la extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani, hacían espionaje ilegal durante el macrismo.

Este martes en Radio Con Vos el periodista Gustavo Grabia contó que le consultó a Sicilia sobre su participación en la defensa de Carrizo en la causa por el intento de magnicidio y que éste lo negó rotundamente. Sin embargo son varios quienes lo ubican trabajando codo a codo con Marano y Salva y, de hecho, la propia abogada confirmó en una entrevista en San Luis 24 Noticias que Sicilia “está autorizado a ver el expediente” como parte de un equipo de trabajo jurídico.

Con la ironía que lo caracteriza, Carlos Pagni dice en La Nación que “es curioso que un abogado como Sicilia tome como cliente a este otro imputado que es un vendedor de copitos de azúcar”. Agrega algunas preguntas que no dejan de ser pertinentes: “¿quién paga estos abogados? ¿Lo quieren cuidar a Carrizo o hay que proteger a alguien que puede estar ligado a él?”. Y fiel a su estilo, concluye: “quizá no esté ligado a Carrizo por el atentado contra Cristina, sino por otras actividades vinculadas con la vida de los vendedores ambulantes que, a lo mejor, venden otras cosas”.

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Más allá de las ironías, las versiones cruzadas y lo críptico de muchos elementos que pueblan la causa judicial, queda claro que si desde el Estado (tanto a nivel ejecutivo como judicial y legislativo) hay una voluntad real de esclarecer a fondo el atentado contra CFK, hoy por hoy son muchas más las preguntas sin responder que las respuestas obtenidas a través de testimonios, pericias e imágenes de archivo. Ni hablar cuando cada vez aparecen más elementos que vinculan a algunos de los protagonistas del expediente con servicios de inteligencia y demás actores de los “sótanos” del propio Estado. O como diría Myriam Bregman, de los cimientos.

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